Zaplana "ficha" por Telefónica...

Son ya varios los políticos que deciden dejar la primera línea de la política argumentando su caducidad parlamentaria y su generosidad en dejar paso a caras nuevas y gente joven, actitudes tomadas casi siempre después de un mal resultado en las urnas de las opciones que representaban. Algunos de ellos, encuentran cobijo en importantes sillones donde se deciden las líneas estratégicas de las grandes empresas. Esta decisión me puede resultar incluso previsible, ya que, los mismos suelen ser personas brillantes en su desempeño, sin embargo, cuando veo los sueldos millonarios que van a ingresar en sus nóminas me asalta la duda de cuáles pueden ser sus méritos y aptitudes personales para que un consejo de administración decida efectuar tal desembolso millonario para hacer uso de sus servicios. Hoy nos hemos encontrado con el ejemplo de Eduardo Zaplana, antiguo portavoz parlamentario del grupo Popular en el Congreso de los Diputados, que deja su escaño de diputado raso para entrar a formar parte del organigrama de Telefónica con quehaceres de representación continental en la compañía. Pues bien, afortunadamente para sus bolsillos, va a multiplicar su sueldo por diez, llegando a percibir más de 600.000 euros anuales. Todo esta locura de opulencia contractual, digna del fichaje del Ronaldinho de turno, me invita a reflexionar en el por qué de estos honorarios desorbitados para estos políticos jubilados anticipadamente. Pensando detenidamente, no se me ocurre justificar de ninguna manera dichos dinerales en concepto de sueldo si no es debido a disponer de un trabajador que actúe de influyente unión entre el mundo empresarial y el poder legislativo, de manera que tienda y construya puentes entre los dos ámbitos con el objetivo de compadrear y orientar decisiones políticas futuras en beneficio de la empresa a la que representa, en este caso Telefónica. Por esta sospecha más que fundada, creo que debería estar vetado por ley el desempeño laboral de aquellos políticos que dejen sus funciones públicas en casos donde puedan aprovecharse de sus antiguas funciones políticas y amistades obtenidas en dicho periodo para reorientar leyes, licitaciones, concursos... etc, en beneficio de la empresa privada que les paga. Evidentemente, si una compañía remunera con 600.000 euros anuales a un trabajador es porque espera conseguir más de su actividad profesional o peor aún, debido a contraprestaciones de favores pasados.